El País publica hoy un interesante artículo sobre el estado del proceso de regulación de las descargas de Internet que se vive en nuestro país. Las negociaciones entre los operadores de telecomunicaciones (Redtel) y las empresas relacionadas con la producción audiovisual (agrupadas en la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido) no han dado su fruto y están, según se dice, bloqueadas. En este contexto, es el Gobierno el que deberá decidir el contenido de la futura ley que regule el intercambio peer to peer, tarea que se presenta complicada, habida cuenta de que las descargas son legales incluso cuando se trate de material protegido por derechos de autor, y de que cualquier regulación que otorgue derechos para sancionar el uso del P2P requerirá modificar la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información).
La aprobación del Tribunal Constitucional también puede ser problemática, ya que una medida que otorgue privilegios sancionadores (corte de conexión) a empresas privadas (sean estas los operadores de telecomunicaciones o las organizaciones gestoras de los derechos de Propiedad Intelectual) podría estar vulnerando derechos constitucionales básicos (como la presunción de inocencia).
Las operadoras, por su parte, no son partidarias de medidas tan drásticas, puesto que podrían verse desbordadas por un aluvión de demandas de usuarios a los que se les haya aplicado el “corte” sin que realmente estén haciendo un uso “ilegal” de su conexión a Internet. Demostrar que cierta IP ha sido usada por cierto usuario en el momento en que fue registrada una descarga de contenido protegido puede ser una pesadilla, si tenemos en cuenta el uso creciente de la asignación dinámica de direcciones, los proxys y las redes que facilitan el anonimato. Tras identificar una IP como asignada a un cliente, aún existiría la posibilidad de que no estuviera siendo usada por él, sino por un troyano que ha infectado su ordenador.
La articulación definitiva de la Ley deberá prever medios suficientes para tramitar los procesos inherentes a las sanciones y a los recursos que pudieran derivarse de ellas. Y todo esto, elevado a su máxima expresión, teniendo en cuenta el crecimiento del uso del P2P, y su evidente penetración en la sociedad: la descarga y compartición de archivos no es ya un fenómeno marginal y reservado a una minoría de adictos a la Red, sino un hecho cotidiano.
Lo más procupante es que entre tantos intereses contrapuestos, la Unión Europea votará en breve un cambio legislativo en la dirección marcada por Sarkozy y su ley de los 3 avisos. La nueva regulación dejará a cada país el control sobre Internet, y eliminará las referencias anteriores a la necesidad de que exista un mandato judicial para cortar el acceso. Ver para creer.
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